En las anteriores entradas del blog, he dejado caer en alguna ocasión que mi relación con las instituciones públicas no ha sido la mejor, por lo que podría surgir la duda de si, en la situación actual de crisis económica, es acertado tener a un organismo público como cliente. Mi respuesta, en base a mi experiencia es, rotundamente, NO.
Antes de la crisis, trabajar para un ayuntamiento, para un cabildo o para el Gobierno Autonómico era un lujo y te garantizaba, de mejor o de peor manera, unos ingresos fijos. No corrías el riesgo de que el cliente quebrara y no pudieras cobrar lo vendido. Sin embargo, una entidad pública no puede, legalmente, declararse insolvente, aunque más de un ayuntamiento se encuentre, actualmente, en una situación de quiebra técnica.
Pero con la crisis, se ha destapado abiertamente la situación financiera de muchas entidades del sector público, que durante la época de bonanza gastaron a manos llenas, crearon plazas de funcionario o de personal laboral que no eran necesarias y contrataron asesores de dudosa valía, pensando que los ingresos por licencias de construcción -una de las principales entradas de dinero de los ayuntamientos- serían eternos. La burbuja inmobiliaria explotó, las fuentes de ingreso se redujeron drásticamente, pero los gastos (en muchos casos, superfluos) se mantuvieron constantes. Las entidades públicas, demostrando muy poca cintura, optaron por el endeudamiento indiscriminado, en lugar de adaptar sus estructuras a la nueva situación. Hay que tener en cuenta que hay casos de ayuntamientos en los que los gastos de personal (capítulo 1) suponen más de la mitad del presupuesto anual.
En mi caso, mi experiencia con entidades públicas se limita a tres ayuntamientos: Santa Brígida, Telde y Valsequillo. Con este último solo trabajamos un mes, aportando una trabajadora a su Servicio de Ayuda a Domicilio, para cubrir algunas bajas de su personal fijo. En el caso de Santa Brígida, somos los actuales adjudicatarios del Servicio de Ayuda a Domicilio en el municipio, desde que hace casi cuatro años ganamos el concurso público para la gestión del mismo. Este ayuntamiento, con sus más y sus menos, ha cumplido con sus compromisos de pago en los plazos previstos, con un período de cobro que oscila entre los 30 y los 60 días. Solo en los cambios de ejercicio, el retraso ha superado los cinco meses.
El caso del Ayuntamiento de Telde requiere una mención aparte. En abril de 2009 fui contratado por la Concejalía de Servicios Sociales para gestionar el Centro de Estancias Diurnas para enfermos de Alzheimer de La Pardilla. Para ello, se contrataron ocho nuevos empleados, en distintas categorías profesionales (gerocultores, trabajadora social, psicóloga, fisioterapeuta, etc.). Los problemas de cobro, a pesar de ser un servicio catalogado por ellos como prioritario, empezaron desde el principio. En noviembre de 2010, cansado de la situación y con una deuda que llegaba casi a las seis cifras, abandonamos la gestión del centro. Actualmente, la deuda aún no ha sido saldada, lo que ha provocado serios contratiempos en la situación financiera de la empresa. Aún, seis meses después, seguimos arrastrando las consecuencias del impago del ayuntamiento.
Como ven, son las propias entidades públicas, supuestas garantes del bienestar de los ciudadanos, las primeras culpables de que muchas empresas estén echando el cierre. Nosotros, por ahora, seguimos aguantando como podemos, a la espera de cobrar, de una vez, el dinero ganado con nuestro trabajo y sacrificio.
